Delegación Británica: Gobierno colombiano, cómplice de delito de lesa humanidad

«Estamos en un estado de shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dada la evidencia recibida, de que el gobierno de Álvaro Uribe y la Fuerza Pública son cómplices de abusos de derechos humanos»

Se celebró en Venezuela la heroica gesta del pueblo venezolano, que a riesgo de su vida, enfrentó el golpe fascista el 13 de abril del 2002. El 14 de Abril, en ese mismo lugar donde se regó la sangre nuestro pueblo heróico, fue visitado por un parasiniestro personaje, Presidente de Colombia, que ha sido acusado por una Comisión Internacional de Parlamentarios y Sindicalistas británicos, estadounidenses y canadienses de ser “Cómplice de Delito de Lesa Humanidad”.

Publica un articulo del Semanario "Voz de Colombia" (Edición 2489), firmado por Camilo Raigozo sobre las conclusiones del Documento emanado de la visitas de estos parlamentarios y juristas, para darnos cuenta, del personaje que acaba de visitar nuestro Palacio de Miraflores.

Dice delegación británica
Gobierno, cómplice de delitos de lesa humanidad
Por: Camilo Raigozo

Una Comisión Internacional compuesta por parlamentarios y sindicalistas británicos, acompañados de sindicalistas estadounidenses y canadienses, estuvo en Colombia entre el 2 y el 8 de abril último, adjuntando información sobre la sistemática violación a los derechos humanos fundamentales y de derechos laborales en el país. «Estamos en un estado de shock por lo que hemos oído, y no tenemos dudas, dada la evidencia recibida, de que el gobierno de Álvaro Uribe y la Fuerza Pública son cómplices de abusos de derechos humanos», señaló la Comisión en un escueto comunicado conocido en rueda de prensa el miércoles de la semana pasada.

Los miembros de la Comisión realizaron reuniones con amplios sectores de la población colombiana, entre los que estuvieron dirigentes liberales y del Polo Democrático Alternativo, sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados, defensores de derechos humanos, con facilitadores de paz y algunas de las personas recientemente liberadas por las FARC. En el departamento de Arauca escucharon los testimonios de las comunidades y de las personas víctimas del conflicto social y armado que padece la región. También dialogaron con presos políticos perseguidos por el régimen, como es el caso emblemático del líder agrario araucano, Martín Sandoval, encarcelado arbitrariamente. Además, en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, se entrevistaron con prisioneras políticas.

Del mismo modo, la Comisión Internacional dialogó con altos representantes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y con el Presidente mismo, a quienes les manifestaron las inquietudes acumuladas.

Gobierno apoya a ‘paras’

«Estamos convencidos que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el Gobierno y el Ejército. Estos crímenes son agravados por la impunidad, de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes», advirtió la Comisión en su comunicado final.
El documento acusa al régimen uribista de que «en vez de encarcelar a los verdaderos criminales, el Gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política y a defensores de derechos humanos como Martín Sandoval», por quién exigieron su liberación inmediata, así como la de decenas de prisioneros políticos y sindicalistas.
Los visitantes se reunieron con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), otras organizaciones sindicales, el Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y con miembros de Colombianos por la Paz, con quienes indagaron sobre las garantías para la oposición política y la labor sindical. El lunes 6 de abril la cita fue con voceros de organizaciones de derechos humanos e integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en la que se presentaron testimonios de casos de ejecuciones extrajudiciales y persecución a través del sistema judicial.

No al TLC ni al apoyo militar
La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, denunció la detención injusta de sus líderes Andrés Gil y Miguel González Huepa, así como la judicialización de toda su directiva.

También se informó la constante práctica de las ejecuciones extrajudiciales en la región del Magdalena Medio y la implementación de fumigaciones indiscriminadas con glifosato sobre territorios campesinos, incluyendo veredas con proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
«Al regresar al Reino Unido y a Norteamérica estaremos llamando para que haya un inmediato fin al apoyo militar y político a Colombia», indica el documento. Asimismo, aseguraron que instarán para que «no haya ningún Tratado de Libre Comercio con Colombia hasta que los derechos humanos y derechos laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable». También, advirtió la Comisión, acusará públicamente la complicidad de las empresas multinacionales en la violación de los derechos humanos y laborales, y exigirá acabar de inmediato con la criminalización de la oposición democrática y legítima, incluidas, las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, al representante Wilson Borja y al periodista Carlos Lozano Guillén.

Fuente: Tribuna Popular