Durante los años 1930 y 1933 reside en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, participando en la organización de actividades contra la dictadura. Junto a Gustavo Machado, interviene también en la fundación del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
En 1936, tras la muerte del dictador, a los 40 años regresa al país y se incorpora al movimiento nacional a favor de la construcción de una sociedad democrática. Asiste al Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela y apoya la primera huelga petrolera en la historia del país, que terminó con la expulsión de sus dirigentes al exilio. Participa en la fundación del Partido Republicano Progresista (PRP) y el gobierno del general López Contreras le envía otra vez a la cárcel. En 1937 sale de nuevo al exilio.
Regresa a México y presencia los cambios sociales que impulsa el Presidente Lázaro Cárdenas, fundamentalmente la Reforma Agraria y la nacionalización petrolera que ejercen en su pensamiento una influencia decisiva. Volverá a Venezuela en 1942, al iniciarse la apertura democrática del Presidente Medina Angarita. En 1946 se distancia del Partido Comunista; organiza en 1947 el Partido Revolucionario del Proletariado (comunista) (PRP-C) y edita su periódico. Defiende la política petrolera nacionalista del gobierno, expresada en la Ley de Hidrocarburos de 1943, el aumento de impuestos a las petroleras y el no otorgamiento de nuevas concesiones. En octubre de 1945, el Presidente Medina es derrocado por un golpe de Estado apoyado por las petroleras. Tras un breve período de transición que incluyó el gobierno de Rómulo Gallegos, en 1948 se instala la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en 1954 Salvador de la Plaza regresa al exilio. De nuevo en Francia, se dedica a estudiar Economía y problemas del desarrollo. Derrocada la dictadura en 1958, regresa a Venezuela e inicia a sus 62 años una intensa labor como profesor universitario, escritor y conferencista. Dedica casi exclusivamente su trabajo a denunciar las consecuencias políticas, económicas y sociales de la presencia en el país de las compañías petroleras. Por su vida austera y solitaria y su carácter reservado, los amigos le apodaban el "monje rojo". Murió a los 74 años el 29 de junio de 1970 de un infarto al corazón, mientras trabajaba en su despacho de la Universidad Central de Venezuela.
Petróleo y soberanía nacional
Desde 1917 las compañías petroleras angloamericanas intervinieron de una forma u otra en los asuntos nacionales, favoreciendo sus propios intereses. Salvador de la Plaza dedicó gran parte de su trabajo a demostrar el saqueo del petróleo venezolano y los desequilibrios provocados en el desarrollo histórico del país. Comprendió pronto que la posición internacional adquirida por Venezuela debido a la importancia de su producción petrolera sería el factor fundamental en orientar los asuntos económicos y políticos de la nación. Su obra, dispersa en decenas de artículos, ensayos y conferencias, se encuentra recopilada en dos tomos publicados a finales del siglo pasado por la Universidad de Los Andes en Mérida, cuya edición tuve la responsabilidad de preparar bajo el título Petróleo y Soberanía Nacional.
De su análisis destaca el énfasis por revelar los vínculos entre el significado económico del petróleo y el resto de la sociedad. En particular, revelar la invisibilidad y las consecuencias de las redes que se tejían entre lo petrolero y lo político. En 1945, cuando el partido Acción Democrática de Rómulo Betancourt pactó con las petroleras el derrocamiento del Presidente Medina Angarita en represalia por las reformas y la Ley de Hidrocarburos de 1943, Salvador de la Plaza daba cuenta en diversos escritos del significado negativo que el petróleo había adquirido en el transcurrir de la historia contemporánea de Venezuela. Pensaba, por tanto, en la urgente necesidad de corregir esos efectos.
Hay, de hecho, dos argumentos principales que subyacen a lo largo de su obra. En primer término, consideraba que la riqueza petrolera debía traducirse fundamentalmente en bienestar social para el país, viendo en las compañías extranjeras el obstáculo central para alcanzar ese objetivo. En segundo lugar, pensaba que la clase dirigente estaba en la obligación de tener siempre presente el hecho de que se trataba de la explotación de un recurso no renovable, extinguible. En consecuencia, consideraba primordial no sólo limitar su explotación, sino maximizar la inversión de los ingresos que percibía el Estado para construir una sociedad cada vez menos dependiente de esa renta. Construir, pues, una sociedad sin la presencia de las empresas extranjeras, donde el Estado tomara las riendas de la industria de los hidrocarburos. Pensaba que era ésta precisamente la vía para que el país dejara de ser en el futuro una nación petrolera. "Tenemos que dejar de ser un país petrolero, pero no en palabras y en declaraciones, sino en hechos", escribió en 1960. Sus argumentos, sin embargo, jamás tuvieron receptividad entre los sectores que dirigieron el país antes y después de la nacionalización petrolera en 1976. Cuando el Estado tomó al final el control de la industria, la ausencia de un proyecto nacional autónomo a largo plazo derivó en la irresponsabilidad del despilfarro y la corrupción generalizada. Aún más, paralelamente al aumento de los precios del crudo en los mercados internacionales, la pobreza se extendió inusitadamente entre la mayoría de la población. Defendió Salvador de la Plaza igualmente las políticas de la OPEP desde su fundación en 1960. La consideraba un instrumento de soberanía de los países propietarios del tercer mundo. Un instrumento para arrebatar el control de las compañías sobre la oferta y los precios del crudo a nivel mundial. Una conquista en el plano del orden económico internacional que podría permitir a los países miembros la posibilidad real de garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
Fue partidario asimismo de utilizar la riqueza petrolera como mecanismo de solidaridad entre los pueblos. En 1960, por ejemplo, defendió a través de su columna semanal en el diario El Nacional de Caracas el proyecto de enviar petróleo a Cuba. "La forma de pago se encuentra con solo quererla encontrar", escribió en uno de sus artículos. El énfasis de Salvador de la Plaza, por otra parte, en conservar un recurso agotable, radicaba sin duda en su constante preocupación por las generaciones futuras. Así, en la última década de su vida desarrolló algunos planteamientos que hoy día pueden considerarse ecológicamente notables. Un claro ejemplo fue su aguda crítica a los sistemas de contabilidad nacional, insistiendo permanentemente para que fuera incluida una partida que considerara como pérdida para la nación el agotamiento de los yacimientos petrolíferos. Es decir, contabilizar los límites del crecimiento económico generado por la producción petrolera. Un planteamiento que políticos y economistas aún se niegan a aceptar.
Petróleo y revolución
La obra de Salvador de la Plaza pareciera estar ausente en la elaboración de la base ideológica e histórica de la Revolución Bolivariana. Su pensamiento, no obstante, impregna indudablemente la política nacionalista del gobierno y el espíritu de soberanía de la Constitución de 1999. Se refleja también en el esfuerzo que ha hecho Venezuela para contribuir a la recuperación de la OPEP como cartel de países propietarios. De la misma manera, está presente en la solidaridad manifiesta con Cuba, los países latinoamericanos y las poblaciones de Estados Unidos afectadas por los huracanes que reciben petróleo venezolano en condiciones especiales.
En agosto de 2005, el Presidente Hugo Chávez anunció los nuevos planes de inversión y desarrollo en la industria petrolera. El ambicioso programa prevé, además de la consolidación de las empresas regionales Petrocaribe, Petrosur y Petroandina, la inversión de capital extranjero y nacional en la explotación de 500 mil km2 de la plataforma marina y de 570 mil km2 en tierra firme. Contempla asimismo la construcción de una gran refinería en Cabruta, el uso intensivo del río Orinoco para el transporte petrolero, un complejo gasífero en el Golfo de Paria, un gasoducto hasta Colombia para conectar con el Pacífico, Centroamérica y los Estados Unidos y otro de unos 12 mil km que atravesaría la región de la Gran Sabana para adentrarse en territorio brasileño.
Venezuela respondería de esa forma a las exigencias del mercado petrolero internacional. La OPEP ha estimado que la demanda crecerá hasta 17 millones de b/d entre los años 2010 y 2020. Según la organización ecologista Oilwatch, sólo Estados Unidos aumentará su consumo en 36% hasta el año 2025, importando el 65% del total. Si no hay cambios en esta previsión, se estima que las reservas mundiales podrían agotarse aproximadamente en el 2040. En este marco, el objetivo es alcanzar en 2012 una producción petrolera nacional de 6 millones de b/d, el doble de la actual. Los retos que supone este proyecto, sin embargo, son enormes.
El petróleo ha significado históricamente para el país desequilibrios de todo orden. El mayor riesgo es que la gran escala del nuevo plan petrolero pueda crear otros en términos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. La explotación petrolera, sin duda, ha causado importantes daños ecológicos en regiones como la cuenca del Lago de Maracaibo. Ha sido fuente permanente de corrupción y contribuyó a crear una economía altamente dependiente del exterior, en detrimento de las economías y los recursos locales. Conformó, por así decirlo, una ciudadanía rentista que redujo el ejercicio de sus derechos a su participación en los beneficios petroleros distribuidos arbitrariamente por el Estado. Cuando éstos se desviaron hacia el pago de la deuda externa, la población quedó indefensa, a merced de las políticas neoliberales que asumieron los gobiernos sin renunciar nunca a la corrupción.
El nuevo proyecto, pues, deberá enfrentar muchos de los viejos fantasmas del petróleo que, aunque debilitados algunos, se resisten con fuerza a abandonar el escenario nacional. Deberá impedir sobre todo su fortalecimiento y la aparición de otros, respetando y ajustándose al plan a largo plazo contenido en la Constitución, no sólo en términos de soberanía. También en relación a la construcción de una nueva cultura ciudadana que amplíe el ejercicio de sus derechos y asuma impostergables deberes colectivos, destruyendo sobre todo el tradicional y nocivo vínculo petróleo/corrupción. Deberá garantizar, además, la protección del territorio en términos ecológicos y el respeto a la diversidad. Vastas regiones ambientalmente frágiles donde habitan pueblos indígenas, por ejemplo, podrían verse seriamente afectadas, incluyendo el Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal de Imataca, la Gran Sabana , el curso del río Orinoco y la Cuenca del río Caroní. La visión del proyecto, en suma, es impensable que pueda reducirse a sus aspectos económicos.
Venezuela tiene hoy día la gran oportunidad histórica en la que pensaba Salvador de la Plaza para crear instrumentos, políticas e instituciones capaces de construir la transición hacia una sociedad real postpetrolera. Un serio y elevado debate nacional, comprometido con las generaciones futuras, debe incluir respuestas alternativas a los problemas nacionales, pero también al orden económico mundial que amenaza con expulsar a la especie humana del planeta. Es éste, sin duda, el enorme reto de la Revolución Bolivariana.
* Mailer Mattié es Economista venezolana.